Después de una larga jornada diálogo, que comenzó al mediodía de este miércoles 15 de octubre, los dirigentes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional llegaron a un entendimiento con lo cual se anunció el final de las protestas que se extendieron durante 23 días en el país.
Sin embargo, las bases manifestaron su desacuerdo con esta postura y exigieron que haya las garantías, los documentos firmados y que se cumplan con los puntos tratados de manera inmediata.
La reunión, que concluyó pasada las 17:00, contó con la participación del representantes de la Iglesia Cristian Andrade, párroco de Otavalo, como observador del proceso, el ministro de Gobierno, John Reimberg, y dirigentes de los pueblos de Imbabura. La Conaie, los pueblos Karanki y Kayambi no participaron de esta reunión, según indicaron varios indígenas, lo cual generó desacuerdos en el movimiento indígena.
A las 17:26 se confirmó oficialmente que ambas partes habían alcanzado un acuerdo, con la firma del acta respectiva. Durante el encuentro, los dirigentes indígenas reiteraron que su movilización fue pacífica y que su objetivo principal era abrir un espacio de diálogo con el Ejecutivo. Rechazaron las acusaciones que los vinculaban con actos de terrorismo o con financiamiento extranjero, y destacaron la legitimidad de sus demandas sociales y económicas.
Entre los planteamientos expuestos al Gobierno constan la derogatoria del Decreto 126, que regula el precio de los combustibles, o en su defecto de no ser posible, el congelamiento del mismo. Esta decisión dependerá de una respuesta oficial del Ejecutivo, en los próximos días.
Otro tema fue exigir la investigación por la muerte de los dos comuneros imbabureños y la mujer kichwa saraguro y que de deje a un lado la judicialización de los manifestantes y la libertad de los compañeros detenidos.
Además, exigieron la liberación de los manifestantes detenidos y el traslado de quienes se encuentran en cárceles de otras provincias.
Propusieron la instalación de mesas de trabajo, desde el lunes 20 de octubre, en sus territorios para tratar temas de salud, educación y validación, con la participación de las comunidades locales. Al salir de la reunión, las bases insistieron en que seguirán en paralización hasta que no haya las garantías de que los acuerdos se cumplan.
