Desde enero de 2024, Ecuador vive bajo la figura de un conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo. Sin embargo, ocho relatores de la ONU han señalado que esa declaratoria carece de sustento jurídico: para que exista un conflicto armado, los grupos involucrados deben demostrar organización militar —cadena de mando, control territorial, campamentos— condiciones que las 22 organizaciones criminales designadas como terroristas no cumplen. El Plan Fénix, concebido para reducir la violencia, mostró resultados en 2024, pero no logró sostenerlos.
En 2025, Ecuador registró la tasa más alta de América Latina y la mayor en toda la historia del país. La ONU también expresa preocupación por las restricciones a libertades fundamentales y por declaraciones oficiales que cuestionan decisiones de la Corte Constitucional. El debate de fondo sigue abierto: cómo enfrentar la violencia sin comprometer el marco de derechos que el propio Estado está llamado a proteger.
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