La reciente resolución de la Corte Constitucional que frena la concesión de servicios de energía eléctrica a la empresa privada provocó reacciones inmediatas en el sector productivo del país. Diversos gremios empresariales manifestaron su preocupación por las implicaciones que tendría la medida en el abastecimiento energético y en la economía. Desde su perspectiva, la decisión limita alternativas que el Estado había considerado para enfrentar un sistema eléctrico que, según el Gobierno, fue recibido con problemas estructurales acumulados durante años.
Reacciones empresariales
La Cámara de Comercio de Quito señaló que el fallo se produce en un momento complejo, cuando el país requiere decisiones que permitan asegurar continuidad y eficiencia en el suministro eléctrico.
Su dirigencia expuso que la restricción reduce márgenes de acción frente a una demanda creciente. En tanto, representantes del sector insistieron en que la participación privada no sustituye al Estado, sino que puede complementar esfuerzos para responder a necesidades urgentes de la población y del aparato productivo.
Postura gremial
El Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño expresó que el entorno económico requiere señales claras para atraer inversión.
A su criterio, limitar esquemas de cooperación entre lo público y lo privado afecta la generación de empleo y la sostenibilidad económica. En la misma línea, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana advirtió que la interpretación adoptada por la Corte reduce la capacidad del Ejecutivo para reaccionar ante escenarios críticos, al aplicar de forma restrictiva el principio de excepcionalidad previsto en la normativa.
Desde la Cámara de Industrias y Producción se alertó que la decisión podría incidir en la competitividad, especialmente si se presentan dificultades en el suministro eléctrico. El gremio recordó que eventuales interrupciones afectan cadenas productivas completas.
