La deuda histórica con Esmeraldas y la Amazonía es un lastre que todos los gobiernos han evadido. Durante décadas, estas regiones han aportado riqueza al país sin recibir la compensación que merecen. La explotación petrolera ha significado para ellas contaminación, pobreza y olvido. Mientras el Estado se beneficia, las comunidades siguen sin acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades de desarrollo. La aprobación de la ley que asigna un dólar por barril de petróleo industrializado es un paso tardío, pero necesario. No es un favor, es un derecho que responde a una lucha incansable de los habitantes de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Sin embargo, la historia demuestra que no basta con promesas en el papel; es urgente garantizar que estos recursos sean invertidos con transparencia y eficiencia. La equidad territorial debe ser una política de Estado. La justicia no solo se legisla, se materializa con acciones concretas.