La exfuncionaria, en su carta difundida en redes sociales, indicó que teme “represalias devastadoras” del Gobierno de Daniel Noboa si presenta las pruebas en su defensa. Arrobo sostiene que fue ella quien alertó al presidente sobre la crisis energética y que se le prohibió hacer público el problema, lo cual afectó la consulta popular de ese mes.
Veloz, presidenta de la Asamblea y militante correísta, señaló que el Parlamento ofrecerá garantías a Arrobo para que entregue las pruebas que demuestren posibles negligencias del Ejecutivo en la crisis energética que afectó al país en 2024. La Asamblea aún no ha fijado una nueva fecha para retomar el juicio político.
La crisis energética en Ecuador comenzó a finales de 2023 y se agravó con los racionamientos de electricidad debido a la sequía que afectó las principales hidroeléctricas del país. En abril de 2024, el Gobierno decretó apagones por niveles críticos en los embalses de las plantas hidroeléctricas, lo que desató la acusación de un boicot en su contra para perjudicar la consulta popular.
Arrobo reveló que fue ella quien informó al presidente Noboa sobre la necesidad de iniciar apagones, pero aseguró que se le impidió comunicar la situación públicamente. La exministra considera que las represalias judiciales en su contra podrían ser una forma de venganza, ya que la Fiscalía está investigándola por presunta paralización de servicio público y traición a la patria.
El juicio político contra Arrobo se suspende en medio de un clima de tensiones políticas en Ecuador, donde la relación entre el Gobierno de Noboa y la Asamblea sigue siendo conflictiva. Las acusaciones sobre los apagones y la gestión de la crisis energética continúan siendo un tema clave en la agenda política del país.
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Viviana Veloz, suspendió el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien no acudió al pleno del Legislativo. La decisión se produjo tras la carta publicada por Arrobo, en la que manifestó su temor a represalias del Gobierno si presentaba pruebas de no haber participado en un presunto boicot que habría causado apagones en la semana previa al referéndum de abril.
