La propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar la Constitución para eliminar la financiación pública a partidos y campañas políticas puede ser un paso audaz hacia la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos estatales. Noboa apunta a los artículos 110 y 115 de la Carta Magna, pero las implicaciones prácticas recaen en el Código de la Democracia, que regula el Fondo Partidario Permanente (artículos 355, 356 y 357) y el Fondo de Promoción Electoral (artículos 202 y 358). Si bien esta iniciativa pretende cortar el flujo de dinero a quienes ven la política como un negocio, también abre el debate sobre cómo garantizar la equidad en la competencia electoral. La eliminación de estos fondos podría favorecer a quienes tienen más recursos privados, dejando en desventaja a los partidos emergentes, o movimientos políticos, mal llamados independientes. La ventaja la podría sacar un multimillonario, hoy Presidente.
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