La infraestructura utilizada por la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano en las parroquias fronterizas de Maldonado y El Chical fue objeto de una inspección técnica encabezada por el gobernador de Carchi, Byron Borja. La actividad reunió además a representantes de la Brigada Andes y de la Subzona de Policía Carchi, quienes recorrieron las instalaciones para verificar sus condiciones actuales y definir acciones orientadas a fortalecer el trabajo operativo en la zona.
Control fronterizo
Durante la visita se revisaron espacios destinados al alojamiento y funcionamiento del personal de seguridad. El objetivo fue identificar necesidades que permitan mejorar las condiciones de trabajo de policías y militares que cumplen labores permanentes en estos sectores limítrofes. Según las autoridades, la intervención forma parte de una estrategia enfocada en consolidar la presencia institucional y optimizar la capacidad de respuesta ante distintos escenarios de seguridad.
El gobernador destacó que existe el compromiso de gestionar ante las entidades correspondientes los estudios necesarios para impulsar procesos de adecuación y mejoramiento de las Unidades de Policía Comunitaria de Maldonado y El Chical. Además, señaló que el fortalecimiento de estas instalaciones contribuirá al despliegue de recursos humanos y logísticos en puntos considerados estratégicos para el control territorial.
Estudios previos
La comandante de la Subzona Carchi, Doris Viteri, informó que hace aproximadamente un mes se realizaron levantamientos técnicos para determinar las intervenciones requeridas en Maldonado.
En el caso de El Chical, explicó que una de las necesidades identificadas corresponde al cerramiento de la infraestructura policial para mejorar las condiciones de funcionamiento de la unidad.
Por su parte, representantes de la Brigada Andes señalaron que las instalaciones ocupadas actualmente por personal militar en Maldonado presentan limitaciones debido a que el destacamento original resultó afectado por un aluvión registrado hace cuatro años. Esa situación obligó a replantear alternativas para garantizar espacios adecuados al personal asignado a la zona.
