El pasado 30 de enero 2023, el Frente Nacional Antiminero y organizaciones sociales de Imbabura denunciaron la vulneración de derechos contra los habitantes de La Merced de Buenos Aires a cargo de la empresa Hanrine (subsidiaria de la transnacional Hancock Prospeting), Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
El hecho se suscitó en el contexto del conflicto minero que sufre esta parroquia de Urcuquí desde años atrás, y en la reciente disposición del Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE) de declarar a la minería ilegal como una amenazada a la seguridad integral del país.
Denuncia
En un comunicado y rueda de prensa, el Frente Nacional Antiminero, BUPROE y el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (OMASNE) detallaron que “el pasado martes 24 de enero, (…) la empresa Hanrine pretendió instalar un campamento minero en el sector de El Triunfo, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, amparada en documentos falsificados y con complicidad de la Policía Nacional y el Ejército, también bajo el pretexto de combatir la minería ilegal”.
En ese sentido, Lucía Chicaiza, presidenta de BUPROE, comentó que los habitantes de La Merced de Buenos Aires resistieron por varias horas al intento de ingreso de la empresa minera al sector El Triunfo; los enfrentamientos dejaron tres personas detenidas y varios resultaron heridos por balas de goma y golpes propinados por policías y militares.
Ante el hecho, Luis Cueva, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, acudió a la zona intervenida para mediar la situación, donde además verificó ilegalidad de los documentos exhibidos por Hanrine. “Se constató la vulneración de Derechos Humanos. La fuerza pública se retiró del lugar. Además, se liberó a los detenidos y solicitó a la empresa que también se retire”, añadió.
A la par de la situación, José Cueva, representante del Frente Nacional Antiminería, se manifestó sobre la vulneración de derechos en La Merced de Buenos Aires, como también, explicó que “la minería en general es una verdadera amenaza para el Estado Nacional porque se vincula a otras ramas delictivas como el tráfico de armas, violencia, grupos paramilitares y narcotráfico”
Declaratoria
La explicación de Cueva se acopla a la reciente resolución del COSEPE que resolvió declarar la minería ilegal como una amenaza a la seguridad integral del Estado. Y, a la vez, aprobó una estrategia para enfrentarla que incluye un mayor control para los materiales utilizados, sanciones y operaciones de Policía y Fuerzas Armadas.
En una coyuntura en que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero anunciaron acciones para contrarrestar la presencia de la fuerza pública estatal en sus territorios en los que hay presencia de proyectos mineros.
Gustavo Manrique, Ministro de Ambiente, en su visita al cantón de Otavalo, comentó que “declarar a la minería ilegal como una amenaza pública. Esto activa inmediatamente una serie de cuestiones que permite al Gobierno Nacional ser menos tolerante y colocar recursos (económicos e infraestructura) para combatir este problema”.
