Los fantasmas de los años 60, del siglo pasado, volvieron a los pasillos de la Universidad Central, en una noche (15 Oct) en la cual los estudiantes denunciaron el ingreso de policías a sus instalaciones. Esa herida que dejó el cierre del Alma Mater en 1970 durante la presidencia de Velasco Ibarra y luego de una serie de hostigamiento y persecución y hasta la presencia de tanques de guerra. Si se llega a comprobar las denuncias publicadas, en redes sociales, representa una grave vulneración de la autonomía universitaria, derecho constitucional fundamental que protege a estos espacios como recintos de pensamiento crítico. El uso de gas lacrimógeno puso en riesgo directo la integridad de la comunidad académica y criminaliza la protesta social legítima. La situación exige pronunciamiento institucional inmediato. No se puede amenazar la democracia interna universitaria y el derecho a la resistencia, pilares históricos de transformación social en Ecuador.
