En total 13 organizaciones internacionales y regionales firmantes condenaron enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Ecuador frente a las protestas sociales que comenzaron hace una semana en distintas provincias del país. «Exigimos al Estado ecuatoriano cesar de inmediato la violencia y adoptar medidas urgentes para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos», señaló el comunicado. En el mismo firman más de una treintena de organizaciones locales.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad.
En Cotacachi, Otavalo y la Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadoras de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.
