El denominado “Operativo Pandora”, ejecutado por el Gobierno ecuatoriano en la provincia de Imbabura, dejó como resultado la detención de 144 personas migrantes en ciudades como Ibarra, Otavalo y Atuntaqui. La intervención fue liderada por el Ministerio del Interior y contó con la participación de la Policía Nacional, la Subsecretaría de Migración y autoridades de control local. Según información oficial, los ciudadanos intervenidos, en su mayoría de nacionalidad venezolana y colombiana, fueron retenidos por presunta situación migratoria irregular.
Controles recientes
Este tipo de operativos no es nuevo en la provincia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan que en esta ocasión no existió información pública suficiente ni procesos previos de notificación. Esto, indican, habría limitado la capacidad de las personas migrantes para tomar previsiones o regularizar su situación antes de los controles. Además, sostienen que algunos procedimientos se habrían ejecutado de manera discrecional.
Debido proceso
Entre las principales preocupaciones expuestas, se menciona la falta de acceso adecuado a defensa legal, así como la retención prolongada de personas mientras esperaban definiciones administrativas. En tanto, se reportaron casos que involucrarían a adolescentes y personas en condición de atención prioritaria.
También se advierten posibles errores en la identificación de ciudadanos, incluso con documentación ecuatoriana vigente.
Las organizaciones recuerdan que la Constitución reconoce el derecho a migrar y establece el principio de igualdad y no discriminación.
En ese contexto, citan criterios de la Corte Constitucional que determinan que la condición migratoria irregular no constituye un delito, sino una falta administrativa.
Preocupación social
Además, advierten que la aplicación de controles masivos podría contradecir principios internacionales asumidos por el país en materia de movilidad humana. En particular, mencionan el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es así que el enfoque actual podría contribuir a escenarios de discriminación y aumentar la vulnerabilidad de esta población.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortan a las autoridades a garantizar derechos, informar la situación legal de las personas retenidas y revisar los procedimientos aplicados.
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