Organizaciones y colectivos del pueblo afrodescendiente de Ecuador han presentado una acción de protección contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), acusándolo de cometer un «etnocidio estadístico» en el censo nacional de 2022. Según los demandantes, el censo redujo significativamente la población afroecuatoriana de un 7,2% en 2010 a un 4,8% en 2022, lo que representa aproximadamente 814.000 personas invisibilizadas.
La demanda busca impugnar los resultados del censo, argumentando que se vulneran derechos fundamentales como la identidad, la igualdad y la autodeterminación del pueblo afroecuatoriano. Irma Bautista, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras, declaró enfáticamente que «este censo ha hecho desaparecer a nuestro pueblo», exigiendo que se reconozcan los resultados del censo de 2010.
Las consecuencias más críticas de esta situación se centran en la construcción de políticas públicas. Alodia Borja Nazareno, abogada de la Confederación Nacional Afroecuatoriana, señaló que el estado ecuatoriano está llevando a cabo un «proceso degradante» que obstaculiza el desarrollo de la población afroecuatoriana, argumentando que las instancias públicas para su desarrollo no son reales ni existentes.
Un momento particularmente controversial fue la declaración de Marco Guatemal, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, quien en la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra sugirió que muchos afrodescendientes ecuatorianos ya no se identifican como tales, sino como «blancos o mestizos». Esta afirmación fue duramente criticada por las organizaciones afroecuatorianas.
Las organizaciones civiles involucradas, entre ellas la Unión del Pueblo Afroecuatoriano, la Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas y la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, están decididas a llevar esta demanda hasta sus últimas consecuencias. Sonia Viveros, de la Fundación Azúcar, advirtió que están dispuestos a llevar el caso incluso a instancias internacionales si es necesario.
El objetivo final de estas organizaciones va más allá de la impugnación del censo: buscan un reconocimiento real de los derechos del pueblo afroecuatoriano y la creación de políticas públicas que verdaderamente los representen y apoyen. Como declaró Borja Nazareno, los procesos «no terminarán hasta que sean realmente beneficiosos para los afroecuatorianos».
