Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por una propuesta oficialista que busca reformar el Código Orgánico Integral Penal en el artículo que regula las expresiones en descrédito o deshonra. La iniciativa plantea un inciso interpretativo para precisar el alcance de la libertad de expresión en asuntos de interés público y críticas a servidores públicos.
Fundamedios indicó que la reforma no introduce criterios nuevos, porque jueces ya deben aplicar estándares constitucionales e interamericanos vigentes en Ecuador. Según la organización, reiterar estas obligaciones dentro del COIP no modifica el uso del derecho penal frente a expresiones protegidas.
Además, señaló que el problema central radica en la práctica judicial que permite procesos penales por críticas sobre gestión pública. En ese contexto, mantener la figura contravencional, aun con filtros interpretativos, deja abierta la posibilidad de sancionar discursos vinculados al debate democrático.
La organización advirtió que un tipo amplio como el de expresiones en descrédito mantiene un margen de discrecionalidad judicial. A su criterio, este diseño conserva el control penal sobre el debate público y traslada la protección del derecho a decisiones caso por caso.
Fundamedios recordó que el Sistema Interamericano establece un mayor nivel de tolerancia para quienes ejercen funciones públicas. En ese marco, sostuvo que la libertad de expresión se garantiza reduciendo la intervención penal y promoviendo un debate amplio sobre asuntos de interés general.
