Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, señaló que la reunión mantenida en la Gobernación la tarde del último lunes “fue una más” de otras y que “ese discurso ya lo he escuchado cuatro veces y no tenemos la alternativa que buscamos, que es la derogatoria de la tasa de seguridad”. Bastidas insistió en que el Gobierno tomó la decisión de imponer la sobretasa “sin ningún estudio técnico, sin ningún análisis de cómo afecta a la ciudadanía”. Estas declaraciones se oponen a la lectura del Ejecutivo, que a través de la Gobernación, manifestó que su compromiso de acompañar al sector con acciones concretas.
Sin soluciones
La petición de los gremios del transporte fue que ambos gobiernos (Ecuador y Colombia) eliminen la tasa y vuelvan a las mesas de diálogo. Pero según Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, las autoridades se limitaron a justificar la medida arancelaria y como medida de compensación, se planteó la creación de un polo de desarrollo, que generaría empleo y movilización de mercaderías. Esta medida no es convincente para los transportistas al considerarla de largo plazo. El Viceministro de Gobierno, Cristian Mora, quien llegó hasta Tulcán para atender a los transportistas, enfatizó que el Gobierno Nacional actúa con “valentía y responsabilidad en esta lucha”, y que el transporte pesado no está solo y anunció medidas de acompañamiento inmediato: Primero, se habla de refuerzo de patrullajes en rutas críticas y habilitación de playas de descanso seguras; y segundo, avances para la implementación del Polo de Desarrollo Fronterizo. Para este último punto, el Ministro de la Producción llegó hasta Tulcán para atender directamente las necesidades técnicas del sector. Pormenores
En enero de 2026, el presidente Daniel Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas, justificándola por la supuesta falta de cooperación de Colombia en el control de la frontera común contra el narcotráfico y grupos criminales. Colombia respondió con aranceles recíprocos del 30% a productos ecuatorianos. Las negociaciones bilaterales fracasaron, y Ecuador elevó su tasa al 50% (vigente desde marzo), mientras Colombia avanzó en medidas similares y amenazó con acciones ante la Comunidad Andina (CAN).