Dirigentes del movimiento político Unidad Popular acudieron este lunes 23 de marzo a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para solicitar el archivo del informe técnico-jurídico que recomienda iniciar su proceso de cancelación del registro electoral.
La acción se produce luego de que el organismo electoral informara, el domingo 22 de marzo, que tanto Unidad Popular como el movimiento Construye no cumplen con el mínimo de afiliados requerido por la ley, lo que constituye una causal para su eliminación según el artículo 327 del Código de la Democracia.
Sin embargo, el pleno del CNE no ha logrado aprobar dichos informes. El viernes 20 de marzo se instaló una sesión en la que no se alcanzaron los votos necesarios, mientras que el sábado 21 no pudo desarrollarse por falta de quórum. Estos hechos evidencian la falta de consenso dentro del organismo para avanzar con el proceso.
El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, aseguró que el informe es “fraudulento” y recalcó que hasta el momento no existe un proceso formalmente iniciado. “Tenemos la base de datos de nuestros afiliados y los argumentos jurídicos”, afirmó, al tiempo que advirtió que presentarán pruebas en caso de que el trámite continúe.
Atarihuana también responsabilizó al presidente Daniel Noboa de influir en la situación, señalando que existiría un interés político detrás de la posible cancelación. Además, adelantó que, de concretarse la medida, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para impugnar la decisión. Atarihuana también responsabilizó al presidente Daniel Noboa de influir en la situación.
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