domingo, 1 noviembre 2026
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Ante la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, medida establecida por el Gobierno de Daniel Noboa, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), mediante un comunicado oficial, determinó varias medidas.

En el comunicado oficial se indica, entre las resoluciones más importantes, la convocatoria a una movilización indefinida, que dará inicio el domingo 21 de septiembre a las 22:00, “como expresión de resistencia popular y legítima defensa de los derechos”.

 

Otro punto decido por la organización fue declarar persona no grata a la vicepresidenta del país, María José Pinto, quien desarrolla sus funciones desde el cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

El Cabildo

En ese sentido, Martha Tuquerres, presidenta la UNORCAC, expresó que luego de una asamblea extraordinaria, donde participaron alrededor 40 comunidades de las cuatro parroquias del cantón, se resolvió que las acciones del Gobierno Nacional representan una afectación directa en las familias.

“Nos convocamos  y sumamos de manera unánime a un levantamiento nacional, como expresión de rechazo firme a las políticas gubernamentales que agudizan la pobreza y desigualdad. El Estado tiene  una deuda histórica en el campo, sobre todo, con los campesinos”, agregó la dirigente a través de rueda de prensa en las instalaciones de Jambi Mascari.

Más punto

Además, el comunicado exige la eliminación del Decreto Ejecutivo 126, que elimina el subsidio del diésel. “Una medida que vulnera  los derechos del pueblo, afectando directamente a los agricultores y campesinos del Ecuador”. 

La UNORCAC también exige que las brigadas sociales, programas o proyectos del Gobierno Nacional, aplicados en las comunidades kichwas de cantón, se coordinarán con los dirigentes y cabildos.

Es importante mencionar que, dentro del comunicado, la organización aclaró que estas resoluciones están amparadas en los derechos colectivos reconocidos en la Constitución del Ecuador. 

“Las comunidades indígenas y campesinas de Cotacachi se mantienen en resistencia por la defensa de sus derechos, reafirmando que sus líderes y lideresas no son terroristas, sino voces legítimas de lucha. Exigir una política justa a favor de las familias afectadas es un derecho colectivo y no un acto de conmoción social”, finalizó el documento.

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