Un ciudadano de 22 años se recupera en una casa de salud de la capital de Imbabura, luego de ser rescatado del río Tahuando, por socorristas del Cuerpo de Bomberos de Ibarra (CBI).  La Policía Nacional investiga la causa del accidente que pudo haberle costado la vida del joven. La alerta El ECU 911, de Ibarra, recibió una llamada telefónica, a las 23:39, alertando sobre una persona que cayó en el afluente desde del Puente de Los Molinos, ubicado en el centro-norte de la ciudad.  Inmediatamente, se coordinó un operativo de rescate con el CBI, Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Policía Nacional.  Los bomberos de la Estación Santo Domingo se movilizaron en una de sus unidades de rescate e iniciaron el operativo. En la parte baja del viaducto encontraron a la víctima, que pedía auxilio. Según los paramédicos que le brindaron la atención inicial, el joven presentaba múltiples heridas, posiblemente a causa de la caída hasta el río. Usando técnicas de rescate se logró extraer al ciudadano, que se encontraba atrapado entre las aguas, en un punto de difícil acceso. Así se informó mediante un comunicado oficial, emitido a través de las redes sociales de la institución de socorro. Se investigan las causas Las autoridades investigan las posibles causas de la caída del afectado. No se descarta que puede haber sido un intento autolítico. Según cifras del ECU 911, en lo que va de este año se han atendido 724 intentos de quitarse la vida y 264 suicidios en el país. De ellos, 17 personas han fallecido en Imbabura. La mayoría de suicidios han ocurrido en Guayas, con 46 casos, reportados al ECU 911. Mientras que Pichincha, con 391 casos, encabeza la lista de casos de intentos autolíticos. Según las autoridades, el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en el país y el mundo. Es por ello que se designó al 10 de septiembre como el Día Internacional de Prevención del Suicidio, para atender a la población vulnerable que hay en el mundo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado contra 58 personas, vinculadas al movimiento indígena, organizaciones sociales y ecológicas del país. Entre los implicados están tres autoridades de elección popular de Imbabura (RC). Se trata del prefecto Richard Calderón, la viceprefecta Paolina Vercoutère y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.  La noticia se difundió la noche del viernes último, luego que Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), otro de los investigados, hizo pública la notificación de la FGE. A través de su cuenta X señaló que la FGE le solicitó su dirección electrónica, para proceder a las respectivas notificaciones. Las reacciones El anuncio del inicio de la investigación previa se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando comentarios a favor y contra de los vinculados. Vargas, por ejemplo, considera que se trata de una persecución masiva en contra de más de 50 dirigentes, precisamente durante el paro nacional. Según la Conaie, esta notificación es parte de un “mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del gobierno de Daniel Noboa, en complicidad con la Fiscalía, para frenar el paro nacional y deslegitimar las demandas con falsas acusaciones”. En Imbabura no hubo un pronunciamiento oficial de los investigados, hasta la mañana del pasado sábado. Sin embargo, la Alcaldesa de Otavalo denunció, en la página oficial del municipio, que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas. Aseguró que eso sería parte de “una persecución del Gobierno Nacional que culpa a correístas de la violencia y el vandalismo”. Además, aseguro que el congelamiento de su cuenta le afecta porque ella es cabeza de familia. El bloqueo de cuentas es una de las medidas previstas mientras se desarrolla la investigación previa, para evitar movimientos de dineros de presunto origen ilícito, de comprobarse que los implicados incurrieron en un delito. Otros personajes vinculados Este es el segundo revés judicial para funcionarios como la Viceprefecta de Imbabura.  Paolina Vercoutère fue acusada de haber afectado los derechos de una funcionaria de la institución con una enfermedad catastrófica a la que desvinculó violentando la Constitución. Es por ello que un Tribunal Penal le obligó a restituir a la trabajadora, entre otras medidas previstas. Entre los investigados está Sayri Anrango, asambleísta alterno por Imbabura de  Pamela Aguirre. También Jorge de la Torre, concejal de Otavalo, Manuel Mesias Flores, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) y Pacha Terán, ex candidata a vicepresidenta de la República, por Unidad Popular, entre otros.