Hernán Higuera, periodista de Ecuavisa, decidió por «su seguridad y la de su familia«, abandonar la exhaustiva investigación que desde hace meses venía realizando sobre el caso Progen. Así lo anunció el canal de televisión Ecuavisa en su noticiero, este viernes 19 de junio.
«Dejamos constancia pública de nuestra preocupación por las reacciones y actuación del Estado, que en estos momentos parece estar más concentrado en atacar a este y otros medios de comunicación«, escribió el medio de televisión en sus redes sociales, al tiempo que se solidarizaron públicamente con su colega y compañero de labores.
Dos razones, según informó Ecuavisa fueron las que motivaron su decisión. La primera el despido de su esposa de una institución pública, y segundo la perdida de la plaza de su hijo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, donde era interno. Esto por pedido de las autoridades del Estado.
Autoridades de un Estado «que en estos momentos parece estar más concentrado en atacar a este y otros medios de comunicación que en sus reales funciones y responsabilidades«, dijo en su comentario Juan Carlos Aizprúa
Resulta difícil creer que todos los acontecimientos relatados en el reportaje sean meras coincidencias, agregó.
#Comentario | Todos quienes conformamos #Ecuavisa nos solidarizamos públicamente con nuestro colega y compañero de labores, @higuerahernan y su familia.
Dejamos constancia pública de nuestra preocupación por las reacciones y actuación del Estado, que en estos momentos parece… pic.twitter.com/5YOWUW9BF7
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) June 20, 2026
Contexto
El caso Progen, también denominado por la Fiscalía como caso Apagón, investiga un presunto delito de peculado relacionado con los contratos de emergencia que la estatal CELEC firmó en 2024 con la empresa estadounidense Progen Industries LLC para enfrentar la crisis eléctrica que provocó apagones de hasta 14 horas diarias en Ecuador.
Los contratos, por alrededor de USD 149 millones, contemplaban la instalación de generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo. Sin embargo, las plantas no entraron en operación en los plazos previstos, pese a que el Estado desembolsó más de USD 100 millones en anticipos.
La Fiscalía investiga a exfuncionarios y representantes de la empresa por posibles irregularidades en la contratación y ejecución de estos proyectos.
He decido dejar la investigación del #CasoProgen tras hechos que afectaron a mi familia ⬇️ https://t.co/ey3CNsONki
— Hernán Higuera (@higuerahernan) June 20, 2026
No es el primer caso
El Gobierno de Daniel Noboa desde el comienzo de su actual gestión no ha tenido un manejo adecuado y ha preferido evitar las preguntas incómodas. Hace poco más de 8 meses, el perodista Enrique Alcívar fue impedido de ingresar al Palacio de Carondelet para la rueda de prensa que ofreció Carolina Jaramillo a los medios de comunicación.
En su cuenta de X, Jaramillo había garantizado que no se impediría el ingreso del comunicador. Sin embargo, a Alcívar no se le permitió el paso y un militar le pidió que dejara de grabar mientras reportaba desde la Plaza de la Independencia.
Otra confrontación es la mantenida entre el Gobierno de Daniel Noboa y Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, se ha intensificado tras las denuncias del medio sobre presuntos actos de hostigamiento institucional y afectaciones a la libertad de prensa.
La compañía sostiene que diversas acciones estatales buscan influir en su línea editorial independiente, mientras que las autoridades argumentan que sus actuaciones responden al cumplimiento de disposiciones legales y societarias.
Uno de los principales puntos de conflicto surgió en febrero de 2026, cuando la Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de Granasa, señalando la necesidad de garantizar el acceso a información por parte de Inmobiliar, accionista minoritario de la empresa. Sin embargo, la defensa del grupo editorial denunció que existía un intento de revertir de manera irregular el 40 % de las acciones de la compañía para transferirlas a una empresa pública en liquidación, medida que calificó como un posible despojo patrimonial sin una resolución judicial firme.
