viernes, 31 julio 2026
viernes, 31 julio 2026
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El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 112 de este viernes 31 de julio de 2026, con 81 votos afirmativos, acogió la recomendación de la Comisión de Fiscalización y Control Político de archivar la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por cuanto no se probó la causal de incumplimiento de funciones, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley.

Según la comisión, no se probó la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución y en el segundo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por tanto, existe falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar una imputabilidad de responsabilidad política.

En el informe se establece que los asambleístas proponentes no lograron demostrar un nexo causal directo entre las competencias legales de la exministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el Contrato Emergente, puesto que tales actuaciones corresponden a la personería jurídica, autonomía y competencia exclusiva del gerente general de CELEC EP y de las unidades de negocio.

La mesa observa que la solicitud pretendió fundamentar el supuesto incumplimiento de funciones en la cita de cláusulas y principios constitucionales abstractos, inobservando que la responsabilidad política de los ministros de Estado deriva exclusivamente de los deberes específicos asignados por la ley, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

En el amplio debate desarrollado en el Pleno, en el que participaron 17 asambleístas, varios legisladores defendieron el trabajo de la Comisión de Fiscalización, al coincidir que se actuó con respeto al debido proceso, garantizó el legítimo derecho a la defensa y desarrolló el procedimiento con total transparencia. Además, subrayaron que los proponentes no demostraron la responsabilidad política de la exministra Inés Manzano. A su vez, los proponentes se ratificaron en los argumentos expuestos, que, a su juicio, evidenciarían omisiones por parte de la exfuncionaria.

Por Imbabura, el asambleísta provincial Pablo Jurado voto a favor del archivo junto con el asambleísta de la bancada oficialista Fernando Jaramillo, mientras que el voto negativo fue de Pamela Aguirre y Fernando de la Torre.

Los asambleístas de Carchi: Cristian Benavides y Lucia Pozo votaron si mientras que el legislador de la RC Jose Vallejo dio su voto negativo.

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