Desde el colectivo LOA en Otavalo, dirigido por la médica veterinaria Marcela Pineda, buscan que en el cantón se vele por los derechos de los animales de compañía que acompañan los trayectos de personas en estado de movilidad humana.
Inclusión de animales en ordenanza
La propuesta del colectivo plantea que se incluya este tema en el proyecto de Ordenanza para la Prevención, Promoción, Protección y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas en Calidad de Movilidad Humana que está desarrollando la Comisión de Igualdad y Género de la Alcaldía de Otavalo.
“Lo que nosotros pedimos es que en esta ordenanza se incluyan los derechos de los animales para que el Municipio u organizaciones privadas tengan las facultades de poder ayudar a la gente que está en esta transición”, manifestó Pineda sobre esta iniciativa.
Propuestas del colectivo
El colectivo plantea entre sus propuestas requisitos de documentación para los animales domésticos de compañía de las personas que están en transición.
Mientras que en casos de maltrato, lesiones o enfermedades, proponen dar tanto a Fauna Urbana y a organizaciones privadas la facultad de retirar a los animales para su diagnóstico.
Por otra parte, sugieren que en casos de lesiones o heridas leves, el GAD pueda incluir a estos animales en los fondos que se utilizan para los animales callejeros y ayudar a las familias migrantes con la atención médica.
Casos en Otavalo que motivaron esta iniciativa
En su experiencia, Pineda señaló que hay tres situaciones que se ven día a día y que ejemplifican la necesidad de establecer una normativa.
El primer caso es el de “Valentina”, una perra que se movilizaba hacia el norte del país junto a su tutor y que sufrió una fractura por atropellamiento.
En su paso por Otavalo, tuvo que ser separada de su dueño debido a que la lesión no fue tratada adecuadamente y no podía seguir caminando en esas condiciones.
“Rocky”, al igual que “Valentina”, fue apartado de su propietario pero por circunstancias diferentes. Según Pineda, el perro fue agredido e incluso “ahorcado”, por lo que con la ayuda de una agente municipal se logró su rescate.
Y el último caso de las tres situaciones es el de una familia migrante peruana que fue acusada de haber robado a su perro y entre lágrimas rogaban que no se lo quiten.
“Nosotros, de la manera que ayudamos, fue castrando al perrito, vacunándolo y entregando documentos legales para que ya no se lo puedan quitar”, manifestó. Sin embargo, no hay normativa que dicte cómo actuar en esos casos.
