El Gobierno de Ecuador respondió oficialmente al comunicado emitido por la Cancillería de Colombia respecto a las recientes deportaciones de ciudadanos colombianos privados de libertad (PPL). En un pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana reafirmó que estos procesos se realizan con apego a la ley, el derecho internacional y con pleno respeto a los derechos humanos de los involucrados.
Las autoridades ecuatorianas enfatizaron que no se trata de deportaciones colectivas, como sugirió el comunicado colombiano, sino de procedimientos individuales con resoluciones motivadas, avaladas por jueces especializados y acompañadas de las respectivas boletas de excarcelación.
Compromiso con la legalidad
Según explicó la Cancillería, la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior es la autoridad competente en esta materia. Esta entidad actúa conforme al Acuerdo Ministerial MDI-DMI-2025-0099, suscrito el 2 de julio, que delega la responsabilidad del proceso a la Subsecretaría de Migración y a la Dirección de Control Migratorio. Ambas instancias actúan en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y las reformas establecidas en la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Coordinación institucional
En total, el proceso busca deportar a mil personas de nacionalidad colombiana que estaban recluidas en distintos centros carcelarios del país. De ese grupo, ya se han iniciado los trámites con 700 personas. La ejecución de estas medidas se realiza en coordinación con la Policía Nacional, con procedimientos seguros y ordenados, según indicaron las autoridades.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que desde el 8 de julio ha mantenido comunicación oficial con el Consulado de Colombia en Quito, utilizando los canales diplomáticos formales. En este sentido, el Gobierno Nacional insiste en que las decisiones adoptadas se enmarcan dentro del principio de igualdad soberana de los Estados.
Una política migratoria responsable
Ecuador sostiene que la medida no solo busca fortalecer la seguridad interna, sino también garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, incluso en contextos tan delicados como el de la deportación.
