El Concejo Municipal de Otavalo analizó la Ley Orgánica Reformatoria del COOTAD que establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben asignar al menos el 70% de su presupuesto anual a gastos de inversión. Como resultado, con nueve votos a favor decidieron respaldar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por varios GAD.
Total de demandas
Del 23 de febrero al 4 de marzo se han presentado ante la Corte Constitucional un total de 15 acciones de inconstitucionalidad, tras la publicación de la reforma en el Registro Oficial, el 21 de febrero de 2026.
El Municipio de Quito, la Prefectura de Pichincha y Gobiernos Parroquiales han tomado acciones legales al respecto. A ellos se han sumado movimientos políticos, fundaciones, organizaciones sociales, federaciones y un grupo de concejales de Cuenca.
Exposición de la ley
Durante la sesión, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, explicó a los concejales los principales cambios que introduce la normativa y los posibles efectos que tendría en la gestión financiera municipal.
Según la Alcaldesa, el esquema del 70/30 genera preocupación en los gobiernos locales porque limita la posibilidad de financiar proyectos sociales. “Esta ley limita y, en muchos casos, eliminaría algunos de los servicios sociales que presta la municipalidad, sobre todo, a los grupos vulnerables y de atención prioritaria”, mencionó.
Hermosa indicó que varios gobiernos seccionales del país han expresado su preocupación, al considerar que la normativa afecta la autonomía financiera de los municipios. Tras el análisis, el Concejo Municipal resolvió respaldar la acción de inconstitucionalidad, a través de un amicus curiae.
