La tarde del viernes 20 de marzo, el Consejo Provincial del Carchi sesionó de forma extraordinaria para abordar varios temas de interés institucional. Entre ellos, se incluyó el análisis de la solicitud de información presentada por la viceprefecta Verónica García, que motivó un amplio intercambio de criterios entre los consejeros.
Decisión mayoritaria
Tras el debate, el pleno resolvió, mediante votación mayoritaria, aprobar la entrega de la documentación requerida. La decisión se enmarcó en el cumplimiento de la normativa vigente y de la ordenanza provincial que regula la reproducción de documentos. En ese contexto, se estableció que la información debía ser recibida conforme a los parámetros legales definidos.
El prefecto Julio Robles realizó la entrega formal de los archivos solicitados. El volumen supera las 70 cajas y alcanza cerca de 150.000 fojas, que contienen información administrativa, técnica y jurídica del Gobierno Provincial. Este proceso se efectuó bajo criterios de custodia institucional, considerando la naturaleza de los datos incluidos.
Costos legales
En tanto, el Consejo determinó que los costos de reproducción física deberán ser asumidos por la solicitante. Esta disposición responde a lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantiza el acceso gratuito a la información, pero fija responsabilidades en caso de requerimientos físicos.
Sin embargo, la viceprefecta no firmó el recibido del documento de respuesta entregado por la autoridad provincial. Dicho documento contenía aclaraciones técnicas y jurídicas sobre el pedido realizado y formalizaba el procedimiento de entrega.
La institución también informó que no dispone de equipos industriales para reproducir el volumen solicitado de forma inmediata. Por ello, el proceso deberá ajustarse a las capacidades logísticas disponibles y a lo que establece la ley.
Durante la sesión, García reconoció el tiempo destinado para recopilar la documentación.
Finalmente, el Consejo dispuso que la viceprefecta presente informes en un plazo de hasta 60 días, conforme a la resolución adoptada.
