La Corte Constitucional de Ecuador declaró culpable a Furukawa, una empresa de capital japonés, por esclavitud moderna mediante servidumbre de la gleba en sus plantaciones de abacá durante más de cinco décadas. La sentencia obliga a indemnizar a 342 víctimas con un total de 41 millones de dólares, además de reconocer su responsabilidad públicamente.
El fallo establece pagos de 120.000 dólares por víctima, con un adicional de 5.000 dólares para mujeres, menores, adultos mayores o quienes sufrieron amputaciones. También ordena la intervención de la empresa por la Superintendencia de Compañías, prohibiendo la venta de bienes y acciones.
La Corte denunció las condiciones inhumanas de los campamentos, que carecían de servicios básicos y perpetuaron la vulnerabilidad de los trabajadores, incluidos niños, mujeres y personas mutiladas. Furukawa utilizó contratos que encubrían prácticas ilegales, agravando el daño social y humano.
El Estado ecuatoriano también fue responsabilizado por omisión en la prevención y protección de los derechos humanos, señalando la negligencia de varios ministerios, como los de Trabajo y Salud, antes de 2018 y tras las denuncias.
Furukawa cuestionó la competencia de la justicia constitucional en el caso, argumentando que los conflictos debían resolverse en tribunales civiles y laborales. No obstante, la Corte concluyó que hubo una violación sistemática de la dignidad y los derechos humanos.
