Bajo la coordinación de la Gobernación de Carchi y la Intendencia General de Policía, con apoyo de las seis comisarías cantonales y la Policía Nacional, se han ejecutado 68 operativos de control de precios en la provincia. Durante estas acciones se inspeccionaron 2.206 locales, y se socializó con los propietarios la obligación de exhibir precios de manera legible para facilitar la información al consumidor.
Estos controles forman parte de una estrategia integral que busca evitar el desabastecimiento y mantener la estabilidad en el comercio de productos de primera necesidad. La presencia en territorio ha generado confianza en los compradores, que perciben mayor orden en los puntos de venta.
Controles y verificaciones
Las autoridades confirmaron que los operativos se realizan en distintos horarios para cubrir mercados, plazas y tiendas de los cantones, verificando además el registro sanitario, la caducidad y los permisos de funcionamiento de los establecimientos. Desde el Ejecutivo descetralizado buscan que la población tenga certeza de lo que está comprando, y que los productos estén en condiciones óptimas, como lo aseguró el intendente Juan Carlos Villarreal. Añadió que el trabajo coordinado con otras instituciones es clave para que las acciones tengan resultados sostenibles y no se queden en esfuerzos aislados.nir prácticas especulativas.
Participación de la comunidad
El llamado a la ciudadanía es a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 1800 LOJUSTO (5658786), que está disponible las 24 horas del día. En Montúfar, el comisario nacional Alexander Escobar ratificó que no se han reportado alteraciones en los precios y que existe normalidad en la adquisición de productos de la canasta básica. “Los controles son bien recibidos por la comunidad, que entiende que estas acciones buscan su propio beneficio”, afirmó. Además, se prevé extender las socializaciones a barrios y parroquias rurales para lograr mayor cobertura.
Estabilidad y sanciones
El control se enfoca en alimentos básicos, medicamentos y artículos de higiene, protegiendo a los sectores más vulnerables. Las autoridades advirtieron que quienes incrementen precios de forma injustificada serán puestos a órdenes de la autoridad competente. El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones de 15 a 30 días de prisión para estos casos.
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