El Gobierno Nacional recibió a representantes del transporte pesado en la Gobernación del Carchi, luego de una movilización desarrollada este lunes 2 de marzo entre Bolívar y Tulcán. La jornada reunió a dirigentes gremiales, autoridades locales y delegados del Ejecutivo para abordar los efectos de la Tasa de Seguridad y las medidas arancelarias en el comercio fronterizo con Colombia.
La concentración inició a las 07:00 en la vía Panamericana E35, en el cantón Bolívar. Cerca de 3.500 vehículos, según datos expuestos por el presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, Carlos Bastidas, participaron en el recorrido hasta el parque central de Tulcán, donde funciona la sede de la Gobernación. Los camiones arribaron alrededor de las 16:00 para solicitar una reunión formal con el gobernador.
Impacto económico
Durante la mesa de diálogo, los representantes del sector expusieron que la aplicación del 50 % de la Tasa de Seguridad y los aranceles a productos provenientes de Colombia reducen el intercambio comercial en la frontera norte. Además, indicaron que la disminución de carga afecta a conductores, personal administrativo y actividades vinculadas al comercio binacional.
Por su parte, el viceministro de Gobierno, Cristian Mora, escuchó los planteamientos y señaló que las peticiones se elevarán al Presidente de la República para su evaluación. El Ejecutivo reiteró su disposición al diálogo y anunció acciones orientadas a fortalecer la seguridad en rutas estratégicas.
Entre las medidas constan el refuerzo de patrullajes, la habilitación de espacios de descanso para transporte pesado y la articulación con el Ministerio de Producción para atender requerimientos técnicos y comerciales.
Controles coordinados
De manera paralela, el Puesto de Mando Unificado, liderado por el gobernador Byron Borja, sesionó para monitorear la movilización y coordinar acciones con instituciones de seguridad y control. El objetivo fue garantizar el orden público y la circulación vehicular en puntos estratégicos de la provincia.
Asimismo, la Agencia Nacional de Tránsito recordó que la suspensión injustificada del servicio constituye una infracción administrativa conforme a la ley vigente. El gremio provincial aclaró que la convocatoria correspondió a una movilización pacífica y no a una paralización formal de actividades.
La jornada concluyó con la instalación de la mesa de trabajo y el compromiso de mantener canales abiertos de comunicación entre el Gobierno y el sector transportista, en medio del debate por las medidas económicas que inciden en la dinámica comercial de la frontera norte.
