Una nueva intervención se produjo en las últimas horas en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Personal del Bloque de Seguridad, conformado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ingresaron al sector de la mina El Olivo, donde ubicaron dos campamentos que, al momento de la llegada del personal uniformado, estaban vacíos. En el sitio encontraron un sinnúmero de evidencias que hacen presumir la actividad ilícita en la zona.
Sobre la intervención
Servidores policiales de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza y efectivos militares del Grupo de Caballería Mecanizada Nro 36 “Yaguachi”, llegaron al lugar luego de realizar trabajos de inteligencia en torno a la minería ilegal.
Los uniformados, luego de cercar la zona por seguridad, empezaron con el registro minucioso en donde encontraron material explosivo, combustible, material mineralizado, generadores de energía, entre otros artículos que comprueba la existencia del delito.
Tras el operativo, informaron que no existieron personas detenidas para investigaciones, porque el sitio se encontraba abandonado.
Evidencias halladas en la zona
Los uniformados incautaron en los dos campamentos: 1 000 sacos de material aurífero, según la información policial tendrían un peso de aproximadamente 4 000 kilogramos; cuatro canecas de combustibles; cinco motores a gasolina; dos rotomartillos; tres cilindros de gas; pertrechos usados por los mineros (cocinas, víveres y herramientas); 24 tacos de dinamita marca Emulnor; 102 cápsulas detonantes; ocho tacos de nitrato de amonio; 14 cápsulas detonantes armadas; y 25 metros de cordón detonante.
El dispositivo policial y militar concluyó con la destrucción de los campamentos que estaban construidos con plástico y madera, y el decomiso del material encontrado, el mismo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.
En torno a la minería ilegal
La Asamblea Nacional por unanimidad aprobó el incremento de penas en 13 delitos y simplificó el trámite de procesos de extinción de dominio en delitos contra la administración, contenidos en las reformas que aplican los resultados de la consulta popular y referéndum de abril 2024.
Entre estos delitos se encuentra la actividad ilícita de recursos mineros, enmarcado en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Para este delito existen cuatro escalas sancionatorias, empezando por la sentencia general, que se fija una pena privativa de libertad entre 16 y 20 años; la minería artesanal, entre tres y 16 años; por daños al ambiente, una pena entre 22 y 26 años; y por accionar de delincuencia organizada, la pena se incrementa a entre 26 y 30 años de cárcel.
