La educación inicial constituye la primera estructura y de pronto la más fuerte del desarrollo humano. Quienes dedican su vida profesional a acompañar a los menores de seis años en su formación integral realizan una labor que trasciende lo pedagógico: construyen las bases cognitivas, emocionales y sociales de las futuras generaciones. Sin embargo, esta noble tarea ha permanecido en las sombras de la precarización laboral. Mientras se reconoce constitucionalmente el derecho de la niñez a recibir atención integral, miles de educadoras y parvularios trabajan sin estabilidad, con remuneraciones insuficientes y esquemas de tercerización que contradicen la importancia de su función. La iniciativa de la Asamblea para crear una Carrera Profesional específica representa más que un avance normativo: es un acto de justicia y coherencia. Educar en la primera infancia requiere preparación, vocación y compromiso. Garantizar condiciones dignas es una obligación del Estado.
