La Prefectura de Imbabura deberá ofrecer disculpas públicas y reintegrar en sus funciones a Diana A. La funcionaria se desempeñaba como Analista de Difusión de Política Pública, bajo la Dirección General de Género y Derechos Humanos, de la Viceprefectura, desde el 21 de febrero al 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, fue separada a pesar de que enfrentar una enfermedad catastrófica, violando la Constitución de la República.
Por ello que la afectada presentó una acción de protección, ante la Unidad Judicial de Garantías Penales, con sede en Ibarra, que falló a su favor. Luego el caso pasó al Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, que dio la razón nuevamente a la afectada, en segunda instancia.
Los antecedentes
La Constitución reconoce como grupo de atención prioritaria a “quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad”. Es decir, que no se les puede despedir únicamente por su condición de salud. Y en caso de que se lo haga, el empleador debe justificarlo en causas objetivas.
Sin embargo, la viceprefecta Paolina Vercoutére, jefa de la comunicadora y responsable del proyecto Warmi Imbabura, una institución que asegura defender los derechos de las mujeres, aseguró, en una entrevista en un medio regional, que el perfil de la funcionaria no se ajustaba a los proyectos políticos, uniformidad, información…
Un precedente
Con el fallo en segunda instancia el Tribunal Penal de Imbabura dio la razón a la funcionaria pública, considerando que la Prefectura de Imbabura vulneró el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, al trabajo en su componente de la vida digna, derecho a la seguridad jurídica, motivación y estabilidad laboral reforzada en condiciones de salud grave.
El tribunal también señaló que justificar actos (despido) no solo son inconstitucionales, sino gravosos y discriminatorios. Y que las acciones administrativas no solo son vergonzosas, sino que merecen ser rectificadas para que no sigan ocurriendo.
Reparación integral
De esta manera, el representante de la Prefectura deberá emitir una disculpa pública en un medio de comunicación local y nacional. Reintegrar a la víctima a su puesto de trabajo.
Además, se dispuso que el Gobierno Provincial inicie de manera procesos de capacitación a los servidores públicos que desempeñan cargo de dirección y asesoría respecto a grupos prioritarios, entre otras disposiciones.
