El anuncio del plan ‘Nos Cuidamos’ plantea un dilema complejo en la intersección entre seguridad y derechos fundamentales. Si bien la violencia en entornos educativos demanda respuestas urgentes, la intervención de uniformados en espacios destinados al desarrollo integral de la niñez y adolescencia merece una reflexión profunda. La ventaja evidente radica en la protección inmediata ante amenazas reales. Los centros educativos deben ser refugios seguros donde el aprendizaje florezca sin temor. Sin embargo, la presencia policial permanente puede transformar estos espacios en ambientes de vigilancia que normalicen la represión, afectando el desarrollo psicosocial de quienes más protección requieren. Los organismos de DD.HH. han subrayado que la infancia y adolescencia constituyen grupos de atención prioritaria. La implementación de esta medida debe garantizar que, no se vulneren los derechos a la educación libre de intimidación.