El anuncio de los legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), respecto a la condena contra Ecuador de un pago de 220 millones de dólares por indemnización a la petrolera estadounidense Chevron. Según el legislador Xavier Ordóñez, esto se debe a que el gobierno del entonces presidente Rafael Correa interfirió en un proceso judicial -iniciado por comunidades indígenas- hace más de treinta años por contaminación. El alegato es que supuestamente se habría forjado sentencias y amañando peritajes. Pero aquí llega una duda, que debe ser aclarada. Los documentos que usaron los árbitros para sancionar al país son el contrato de 1995 y el acta final de 1998, todos antes del correismo. Bajo su lógica, los pueblos indígenas no tienen derecho a un juicio por daños ambientales. En rueda de prensa, el propio abogado Pablo Fajardo explicó que la condena contra el Estado responde al hecho de permitir que las comunidades alcen su voz ante la justicia.
