La actividad minera en busca de oro que ha transformado a la parroquia imbabureña de La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, en uno de los sitios más peligrosos del Ecuador, atrajo la atención de la prensa internacional.
El periódico The Age, de Australia, publicó, el pasado sábado 10 de octubre, una investigación sobre la inseguridad que azota Buenos Aires desde el 2017. En ese año arribaron los primeros buscadores del metal, generando problemas y división entre los 2 000 habitantes de la parroquia, que antes se dedicaba solamente a la agricultura y ganadería.
Sin embargo, el 4 y 5 de julio del 2019, más de 1 556 miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desalojaron a unos 10 000 ecuatorianos y extranjeros, que llegaron atraídos por la fiebre del oro.
Esa fue la respuesta del Gobierno Nacional a una matanza de nueve personas en esta zona minera y que causó conmoción social. Sin embargo, el denominado Operativo Amanecer Radiante, no logró terminar con los problemas de violencia, corrupción y devastación ecológica que se expanden en la región.
Con el transcurso del tiempo se sumaron otros actores como la delincuencia organizada y disidentes de las exFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que actualmente se disputan el control del territorio rico en oro.
La investigación periodística incluyó un documental sobre la empresa Hanrine, sucursal ecuatoriana del grupo Hancock Prospecting, una de las mayores transnacionales mineras del mundo, que adquirió concesiones en esta zona del Chocó Andino de Imbabura.
The Age vislumbra un futuro poco alentador para La Merced de Buenos Aires. Es un panorama que no dista mucho del reportaje de The Sunday Times, de Gran Bretaña, que el 28 de julio del 2026 publicó una investigación sobre cómo los narcos convierten el oro sucio del país en un jugoso negocio.
Entre otras cosas, se señala que las Fuerzas Armadas intentan contener el avance de la minería ilegal. Pero “la ausencia de acciones efectivas desde la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), plagada de denuncias sistemáticas de extorsiones a operadores mineros legales y trámites irregulares por años, que también involucran a jueces y fiscales, tiene atados de manos a los militares.
Los uniformados están frustrados por la ausencia de intervenciones complementarias de otras instituciones para que haya una verdadera recuperación del territorio”, según la investigación del periódico británico.
