La minería ilegal ha devorado más de 1.700 hectáreas de selva amazónica en pocos años, dejando ríos envenenados por mercurio y metales pesados, y comunidades kichwas enfrentando enfermedades, pérdida de pesca y amenaza a su modo de vida ancestral. Hacemos referencia a las riberas del Jatunyacu y el Anzu, en Napo. Allí es evidente la devastación ambiental, pero no es todo el problema, es una consecuencia. Se trata de un territorio abandonado, de manera silenciosa, en el cual se ha ignorado la voz de quienes los habitan. La consulta previa, libre e informada está consagrada en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, no es un trámite burocrático, sino un acto de justicia y sabiduría colectiva. Sin ella, cualquier concesión o actividad extractiva se vuelve ilegítima y profundiza la herida. Solamente con participación real de los pueblos indígenas podremos sanar la Amazonía, proteger su biodiversidad y garantizar un futuro digno para todos. Napo nos interpela: ¿seguiremos mirando hacia otro lado?