Se ha hecho costumbre el estado de excepción

Ecuador ha normalizado lo que la Constitución concibió como extraordinario. Desde 2024, el país ha vivido bajo estado de excepción durante la mayor parte del tiempo, con más de una veintena de decretos y renovaciones emitidos por el gobierno de Daniel Noboa. Lo que debía ser una herramienta puntual ante crisis específicas se ha convertido en política de seguridad permanente. El problema no es solo jurídico —la propia Corte Constitucional ha rechazado decretos por falta de sustento—, sino de eficacia. Pese al despliegue militar sostenido, las cifras de homicidios y violencia criminal no han cedido; por el contrario, Ecuador cerró 2025 con récords históricos. Cuando la excepción se vuelve regla, pierde su fuerza disuasiva y revela algo más profundo: un Estado que administra síntomas sin atacar las causas estructurales del crimen organizado. La seguridad necesita política pública sostenida, no decretos.