La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA. La medida consta en una resolución emitida el 18 de febrero de 2026 y se fundamenta en la supuesta negativa de la compañía a entregar información solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar.
Según el organismo de control, Inmobiliar argumenta su calidad de accionista del 2,56 % para requerir documentación interna. No obstante, ese porcentaje accionario atraviesa un proceso judicial relacionado con su propiedad. La intervención se adopta mientras ese litigio continúa en instancias legales.
Defensa legal
Nino Cassanello, abogado de Carlos Martínez Bruno, director de EXPRESO y accionista que disputa la pertenencia de ese porcentaje, señala que no se respetó el derecho a la defensa. Explica que su representado actúa como comprador de buena fe y que no fue convocado a audiencia antes de la providencia judicial.
El jurista indica que solicitó la revocatoria de la decisión y pidió ser escuchado en audiencia. También presentó recursos posteriores ante la negativa del juez. Hasta el momento, según detalla, esos pedidos no reciben despacho, por lo que el proceso permanece sin resolución definitiva.
Entrega información
La Superintendencia acoge el planteamiento de Inmobiliar sobre una posible vulneración de derechos por la falta de entrega de datos. Granasa, por su parte, sostiene que actúa conforme a la Ley de Compañías y que el artículo 15 establece límites cuando existen razones objetivas que puedan afectar los intereses sociales.
Entre los documentos requeridos consta el detalle de asesores legales contratados entre 2022 y 2025, con información sobre casos atendidos y su estado actual. La empresa considera que esa solicitud podría afectar la reserva profesional entre abogado y cliente, por lo que mantiene su posición de no entregar ciertos datos.
En comunicados públicos, Granasa señala que la medida no altera la continuidad de sus operaciones ni su línea editorial. El proceso administrativo y judicial continúa mientras las partes esperan que las instancias competentes emitan resoluciones sobre el fondo del conflicto societario.
