El más reciente crimen del joven ibarreño Matías M., reportado como desaparecido, quien abordó un taxi por aplicación sacudió a la ciudad de Ibarra y pone en la mesa de debate el tema de la seguridad de las aplicaciones de servicio de transporte privado o taxis ejecutivos.
Según detalles entregados por la Fiscalía, la víctima abordó un vehículo particular, pero nunca regresó a su casa. De inmediato, personal de Fiscalía y Dinased efectuaron las primeras diligencias y verificaron un retiro de 30 dólares de la cuenta bancaria de la víctima de un cajero en Atuntaqui y comenzaron a pensar en lo peor, hasta que hallaron su cuerpo sin vida.
Delitos de oportunidad
Este caso es uno de muchos que ocurren a diario, aunque no todos terminan en una muerte, pero pasa en casi todas las ciudades del país y que se intensificaron luego de la pandemia debido a que las aplicaciones crecieron a escala nacional.
Para Nataly Logroño, experta en temas de seguridad, pensar en que las aplicaciones representan un peligro en sí para la seguridad, es equivocado.
Por concepto, las aplicaciones móviles son un objeto tecnológico y comercial que en su concepto básico está creada para ofrecer un servicio al usuario. “Hay que concentrarse en la cadena de control, es decir, quien valída al conductor-pasajero, quien responde ante los incidentes, que trazabilidad existe y que tan fácil es suplantar una identidad dentro de este sistema”.
Radiografía del crimen
Para la experta, el caso de Matías M. se trata de un delito de oportunidad, porque existe una víctima aislada (va sola) un conductor que tiene el control del trayecto, un encierro por las puertas cerradas y una baja intervención de terceros, porque pocos conocen exactamente la ubicación en tiempo real. Todos estos elementos encajan con una oportunidad de delinquir.
La experta advierte que una de las posibles soluciones sería exigir a los dueños de estas plataformas a que trabajen en conjunto con un control real, desde el Sistema ECU-911, siempre y cuando el Estado, a través del Ministerio del Interior lo considere asunto de seguridad integral. De ser el caso se debe tener un protocolo de actuación inmediata, una cabina de atención específica con aplicaciones autorizadas, que en el país no son más de tres o cuatro.
Esta medida podría ser factible, por ejemplo, si se destina un porcentaje de los ingresos de estas plataformas para financiar esta “cabina de seguimiento y trazabilidad de los usuarios”.
“Esto es un tema de iniciativa y organización pero a veces se tiene miedo a tomar estas iniciativas”, concluye Nataly Logroño. También se lo puede tratar desde un tema local a través de ordenanzas, que permitan una movilidad segura.
El Municipio de Ibarra lanzó en 2025 la aplicación de taxis seguros a través de IbarraDrive, que ya se la puede descargar.
Sí hay control
Ecuador si tiene un marco regulatorio de estas aplicaciones, que tienen relación con la movilidad, y es la Agencia Nacional de Tránsito, que actualmente se encuentra intervenida. En el caso del joven ibarreño habría que preguntarse si la aplicación usada tenía dicha autorización.
