La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) expresó su preocupación ante lo que considera un clima de creciente hostilidad hacia organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y medios de comunicación. En un comunicado, la organización advirtió sobre presuntas intenciones de limitar su labor de acompañamiento y observación, que ha mantenido por más de tres décadas en el país. Desde su creación en 1993, Inredh ha trabajado en la denuncia y judicialización de casos de violaciones a los derechos humanos, tanto en contextos de represión estatal como de conflictos sociales. La entidad sostiene que su labor se ha desarrollado bajo parámetros técnicos, legales y con transparencia, en coordinación con instancias nacionales e internacionales. Trayectoria institucional A lo largo de sus 32 años de existencia, INREDH ha participado en investigaciones y procesos judiciales de alto impacto, siempre desde una perspectiva de defensa de los pueblos y la naturaleza. En 2004, la organización se integró a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y obtuvo estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Sus representantes aseguran que las publicaciones y análisis elaborados durante estas décadas reflejan un compromiso permanente con la reflexión crítica y la documentación rigurosa de los hechos. En su portal web constan investigaciones, informes y materiales de formación que abordan las coyunturas sociales y políticas del país. Transparencia y financiamiento INREDH aclaró que su financiamiento proviene exclusivamente de la cooperación internacional y de aportes privados, con auditorías regulares y rendición de cuentas ante entidades estatales como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). La fundación insistió en que jamás ha recibido observaciones o sanciones por manejo irregular de fondos. Además, explicó que no financia acciones de protesta social, pero acompaña procesos ciudadanos mediante veedurías y observaciones que buscan documentar posibles vulneraciones a los derechos humanos durante manifestaciones. Contexto regional La organización contextualizó la situación ecuatoriana dentro de un escenario regional de restricción al trabajo de organizaciones civiles. Mencionó casos similares ocurridos en países como El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Perú, donde el espacio democrático se ha visto limitado por normativas restrictivas. En tanto, advirtió que cualquier intento de suspensión o cierre de INREDH afectaría directamente la labor de defensa jurídica y social que realizan, además de obstaculizar procesos judiciales en curso. La institución señaló también que cumple con la nueva Ley Orgánica de Transparencia Social, aunque considera que dicha normativa impone controles excesivos y limita la independencia de las organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, INREDH reiteró su compromiso con los principios de no violencia activa, la educación en derechos humanos y la defensa de las libertades públicas, valores que —según sus integrantes— han guiado su trabajo durante tres generaciones de profesionales.