La afirmación del ministro Juan Carlos Aveiga sobre pacientes crónicos que venden parte de sus medicinas no puede quedar flotando como una simple sospecha sin sustento. Se trata de una acusación grave, que tocó una fibra sensible en médicos, pacientes y familiares que enfrentan a diario la escasez de fármacos esenciales en los hospitales públicos del país. Si el Ministerio de Salud cuenta con evidencia real y verificable de estos casos, corresponde presentarla con total transparencia ante la ciudadanía y actuar con todo el rigor de la ley contra quienes efectivamente trafiquen con medicamentos destinados a personas que dependen de ellos para sobrevivir. Nadie debería estar por encima de esa responsabilidad. Pero si la denuncia carece de pruebas concretas, entonces no es más que una cortina de humo para desviar la atención de la verdadera raíz del problema: la ineficacia en la gestión de compras, contratos y distribución dentro del sistema de salud pública. En un tema donde está en juego la vida de las personas, no hay espacio para señalamientos improvisados ni declaraciones livianas.
