martes, 27 octubre 2026
martes, 27 octubre 2026
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La Asamblea Nacional resolvió, con 85 votos, impulsar acciones de fiscalización para esclarecer los presuntos aportes económicos indebidos que habrían realizado servidoras y servidores públicos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como las posibles circunstancias laborales en las que se habrían producido.

La resolución, propuesta por el asambleísta Andrés Castillo, dispone que el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado remitan, en un plazo de diez días desde la notificación, la información y documentación correspondiente, dentro del ámbito de sus competencias.

El requerimiento incluye los antecedentes y denuncias recibidas, las actuaciones administrativas efectuadas y las medidas adoptadas. Además, solicita a la Contraloría que incorpore con carácter prioritario un examen especial sobre las actuaciones administrativas, financieras y laborales relacionadas con estos hechos, incluida la posible utilización de recursos públicos y la determinación de responsabilidades, de existir mérito.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social será la encargada de recopilar, analizar y contrastar la información recibida, así como de solicitar documentación adicional y convocar a las autoridades y personas pertinentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La comisión deberá presentar al Pleno un informe con los antecedentes, el análisis de la documentación, las conclusiones sustentadas y las recomendaciones correspondientes, en un plazo de treinta días contados desde la recepción de la información requerida.

Durante el debate, Castillo sostuvo que es necesario esclarecer las denuncias sobre posibles presiones a trabajadores municipales para realizar aportes económicos y determinar si existió alguna relación entre esos pagos y el financiamiento de actividades políticas.

Con esta resolución, la Asamblea Nacional busca que las entidades competentes examinen la documentación disponible y determinen, con sustento en los resultados de sus actuaciones, si existieron irregularidades y las responsabilidades que correspondan.

La Asamblea Nacional resolvió, con 85 votos, impulsar acciones de fiscalización para esclarecer los presuntos aportes económicos indebidos que habrían realizado servidoras y servidores públicos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como las posibles circunstancias laborales en las que se habrían producido.

La resolución, propuesta por el asambleísta Andrés Castillo, dispone que el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado remitan, en un plazo de diez días desde la notificación, la información y documentación correspondiente, dentro del ámbito de sus competencias.

 

Peña enfrenta cuestionamientos por ataques a periodistas

El asambleísta Sergio Peña Veloz enfrenta cuestionamientos por publicaciones en X contra medios de comunicación y periodistas. El 20 de octubre de 2026, vinculó a Ecuavisa con el narcotráfico sin presentar pruebas y cuestionó al canal por su cobertura informativa, en un mensaje que también etiquetó a la Fiscalía y al presidente Daniel Noboa.

Cinco días después, Peña dirigió expresiones sexistas contra la comunicadora Alondra Santiago, quien había criticado al Gobierno. El legislador la comparó con trabajadoras sexuales, hizo afirmaciones sin sustento sobre su salud sexual y aludió a una posible violación. Santiago respondió y calificó sus expresiones como una apología de la violación.

El 25 de octubre, Peña volvió a referirse a Santiago en respuesta a la comunicadora Mónica Velásquez, quien cuestionó sus declaraciones. El asambleísta justificó su reacción por supuestos insultos y descalificó a Santiago, además de cuestionar a las mujeres que la defendieron. Estos pronunciamientos se producen después de la agresión verbal y homofóbica contra el periodista Dieter Hoffman, de Ecuavisa, ocurrida el 14 de octubre en Guayaquil.

Al fnializar el pleno de este martes 27 de octubre,  Jahiren Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana, se refiere a otras expresiones que Sergio Peña, asambleísta afín al oficialismo, emitió contra otras mujeres.

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