sábado, 16 mayo 2026
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Cayambe marca un hito en tema justicia

Cayambe
Panorámica del territorio comunitario, espacio reconocido por la Corte Constitucional como posesión ancestral.
Cayambe
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El litigio judicial por los terrenos comunitarios de Isacatas llegó a su cierre definitivo con el pronunciamiento oral de la Corte Constitucional del Ecuador, emitido en territorio comunitario. El fallo reconoció los derechos colectivos de las comunidades Los Andes, Isacata, Isacata Grande y San Antonio, poniendo fin a un proceso que se extendió durante varios años y que generó tensión jurídica y social en la zona.

La lectura oficial de la sentencia se realizó en el estadio de la comunidad Los Andes, hasta donde se trasladaron funcionarios del máximo organismo constitucional. En ese espacio, la Corte ratificó la posesión ancestral de las tierras comunitarias y estableció criterios claros sobre la protección del territorio indígena dentro del marco constitucional vigente.

Derechos ancestrales

La resolución se sustentó en el reconocimiento de los derechos ancestrales, la normativa constitucional y los principios de la justicia indígena, articulados con el sistema judicial ordinario. En tanto, el fallo reafirma que la justicia indígena forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y debe ser respetada por las instituciones del Estado.

 

El abogado otavaleño Mario Ruiz encabezó la defensa legal de las comunidades, desarrollando una estrategia jurídica centrada en la memoria histórica, la organización comunitaria y el derecho colectivo al territorio. Su trabajo permitió sostener el caso ante las instancias correspondientes y alcanzar una decisión definitiva favorable.

Impacto nacional

Desde las comunidades, el pronunciamiento fue recibido como un hecho de alto significado. El presidente de la comunidad Los Andes, Santiago Tipanluisa, señaló que la sentencia reconoce los derechos sin afectar a terceros y marca un momento relevante para el territorio cayambeño.

Además del impacto local, la decisión genera un precedente a escala nacional. El fallo fortalece la seguridad jurídica sobre las tierras comunitarias y envía un mensaje sobre la obligación estatal de garantizar los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas. 


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