El juez constitucional de Guayaquil, Manuel Peña ordenó brindar atención médica ininterrumpida a los reos, además de dar seguimiento a su salud mental y solicitar a la Defensoría del Pueblo investigar denuncias de actos de tortura en cárceles ecuatorianas.
También exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y aseguró que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) debe proveer condiciones básicas a los reclusos sin costo para ellos.
El juez responsabilizó al Estado tanto por acción como por omisión en la vulneración de derechos en las prisiones, señalando presuntos maltratos por parte de militares y deficiencias en la gestión del SNAI.
Esta decisión se da en medio de operaciones conjuntas de militares y policías para enfrentar la violencia atribuida al crimen organizado, que llevó al Gobierno a declarar el «conflicto armado interno» en enero.
La implementación del «Plan Fénix» para recuperar el control de las prisiones, inicialmente destinado a abordar las rivalidades entre grupos delictivos internos, se ha visto empañada por una serie de masacres carcelarias que han cobrado la vida de más de 450 presos desde 2020.
Esta violencia también se ha extendido a las calles, colocando a Ecuador entre los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100,000 habitantes en 2023.
