La parroquia Julio Andrade, en el cantón Tulcán, fue escenario de una nueva jornada de atención ciudadana impulsada por la Defensoría Pública del Ecuador. La brigada denominada “La Ruta de los Derechos” reunió a varias instituciones del Estado con el propósito de acercar servicios gratuitos a sectores que, por condiciones económicas o geográficas, enfrentan limitaciones para acceder a ellos. En el lugar, decenas de habitantes acudieron desde tempranas horas para recibir asesoría legal, atención en salud, actualización de datos en el Registro Social y orientación sobre créditos productivos. La iniciativa se desarrolló en coordinación con la Gobernación del Carchi, como parte de una estrategia que busca fortalecer la presencia institucional en territorio.
Atención directa
El coordinador Centro-Norte de la Defensoría Pública, Diego Robalino, explicó que la brigada funciona mediante una unidad móvil equipada como oficina itinerante. Desde este espacio se brinda atención jurídica sin costo, especialmente en temas relacionados con derechos ciudadanos. Según indicó, el objetivo es recorrer parroquias alejadas del país y garantizar que la población tenga acceso a estos servicios sin necesidad de trasladarse a las cabeceras cantonales.
En tanto, la jornada también incluyó asesoría en movilidad humana, apoyo del Centro Violeta en casos de violencia y acompañamiento desde la Judicatura.
Las instituciones participantes articularon sus servicios para responder de manera integral a las necesidades de la población local.
Trabajo conjunto
Para el intendente de Policía del Carchi, Efrén Usamá, la ejecución de estas brigadas refleja la importancia del trabajo interinstitucional. Señaló que la coordinación entre entidades permite garantizar derechos y optimizar la atención en territorio. Además, destacó que este tipo de acciones contribuyen a reducir brechas de acceso y a fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Durante la jornada, más de 200 personas actualizaron su información en el Registro Social y se registraron en procesos vinculados a programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este paso es clave para acceder a beneficios estatales dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.
Impacto social
Los habitantes de Julio Andrade valoraron la cercanía de los servicios y la posibilidad de resolver trámites en un solo espacio. Según testimonios recogidos en el lugar, la brigada facilitó procesos que, en condiciones normales, implican tiempo y costos adicionales.
Además, se evidenció una participación activa de la comunidad, lo que permitió ampliar la cobertura de atención. La Defensoría Pública reiteró su compromiso de continuar con estas jornadas en otras parroquias rurales, priorizando sectores con menor acceso a servicios básicos. La brigada “La Ruta de los Derechos” se consolida así como un mecanismo de acercamiento institucional, que busca garantizar el ejercicio de derechos mediante acciones concretas en territorio.
