El modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador ha reducido drásticamente la criminalidad mediante la construcción de la denominada megacárcel CECOT y medidas severas contra las pandillas. Mientras la ciudadanía aplaude la disminución de homicidios y el aumento de seguridad, las repercusiones en derechos humanos son alarmantes. Organizaciones denuncian condiciones inhumanas, hacinamiento y detenciones arbitrarias, cuestionando la legalidad de estas tácticas. Aunque efectivas a corto plazo, estas políticas autoritarias podrían socavar el estado de derecho y provocar un resurgimiento de la violencia a largo plazo. Además, el enfoque punitivo ignora las raíces socioeconómicas del crimen, como pobreza y falta de oportunidades. La estrategia de Bukele debe ser equilibrada, respetando los principios establecidos en tratados internacionales. Intentar imitarla puede ser otro riesgo, con realidades muy distintas.
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