Cada 26 de abril, Ecuador recuerda la voz de quienes, hace más de medio siglo, se plantaron ante la Asamblea Constituyente de 1966 para exigir lo elemental: estabilidad, dignidad, continuidad.
Aquellos servidores públicos no pedían privilegios; pedían no ser arrastrados por la marea de cada cambio presidencial. En la actualidad, el panorama es paradójico. El gobierno de Daniel Noboa desvinculó a 5.000 servidores públicos bajo la bandera de la eficiencia, y ahorro financiero, mientras que simultáneamente aprobó nuevas escalas salariales para más de 2.000 trabajadores de las juntas parroquiales rurales, con un costo de 3 millones adicionales mensuales para el fisco. La coincidencia no es menor: los incrementos llegan en año de elecciones locales.
La pregunta es inevitable — ¿es política pública o política electoral? Reconocer al servidor público merece algo más que un gesto de temporada o una oferta de campaña.
