La reciente orden de Donald Trump, para habilitar 30.000 camas en Guantánamo destinadas a inmigrantes indocumentados, abre nuevo debate respecto a la criminalización de la migración. Esta decisión no solo que quiebra más la afectada línea entre política migratoria y seguridad nacional, sino que plantea serias interrogantes sobre el debido proceso y los derechos humanos.
La retórica que equipara la migración con la criminalidad carece de fundamento empírico y sirve únicamente para alimentar prejuicios. Más alarmante aún es la intención de utilizar una instalación militar, históricamente cuestionada por violaciones a derechos humanos, para detener a civiles sin un marco legal claro para su procesamiento. ¿Bajo qué jurisdicción se juzgará a estos migrantes? ¿Qué garantías procesales tendrán en una instalación destinada para terroristas? Un espacio que recibirá a “lo peor de lo peor”, han dicho desde el equipo del Mandatario.