La decisión de la Asamblea Nacional de anular la terna para el Consejo de la Judicatura expone una preocupante realidad: la politización de los procesos de selección judicial. Más allá de las disputas legales y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, lo que está en juego es la credibilidad de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Ecuador no puede permitir que la administración de justicia se convierta en botín político.
Los ecuatorianos merecen un sistema judicial verdaderamente independiente, donde los méritos profesionales, la integridad y la idoneidad sean los únicos criterios de selección. Es imperativo que todos los procesos de designación se desarrollen con absoluta transparencia, participación ciudadana efectiva y escrutinio público. No más nombramientos a dedo, compromisos partidistas o intentos de captura institucional.Hay que exigir procesos independientes y limpios
