L a movilización de la Unión Nacional de Educadores (UNE) prevista para el 30 de agosto de 2024 en Quito, expone una problemática crítica: la falta de ejecución del presupuesto educativo y la creciente violencia en las escuelas. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha destacado que de los 4,600 millones de dólares asignados a la educación, solo 1,416 millones se han utilizado, principalmente en salarios, dejando de lado necesidades cruciales como infraestructura y capacitación docente. La situación es alarmante. La violencia en las instituciones educativas, atribuida a la infiltración de grupos delictivos, ha incrementado la deserción escolar al 29% en el régimen Costa, con temores de replicarse en Sierra y Amazonía. Esta crisis requiere más que paliativos; demanda una declaratoria de emergencia educativa y una acción decidida del Estado para proteger a los maestros y garantizar un entorno seguro para los estudiantes.