El debate sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales volvió a tomar fuerza en la Asamblea Nacional. En esta ocasión, la voz vino desde el norte del país. La viceprefecta del Carchi, Verónica García, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad para insistir en que la deuda con este sector de la población no puede seguir postergándose.
Lucha histórica
Durante su intervención, García recordó que las mujeres rurales han sido históricamente invisibilizadas, a pesar de ser quienes sostienen la agricultura, el cuidado de la tierra y la economía familiar. En sus palabras, el país ha dependido de este trabajo silencioso que rara vez recibe remuneración o reconocimiento. “Es hora de saldar esta deuda aprobando una ley que reconozca su liderazgo y asegure sus derechos”, enfatizó.
El proyecto de ley que se analiza busca garantizar acceso a servicios de salud y educación, así como a crédito, tierra, tecnologías, comercialización y participación política. Estos elementos, subrayó García, son claves para reducir las brechas de desigualdad y fortalecer el desarrollo de los territorios rurales.
Apoyo regional
La viceprefecta también reconoció la labor de lideresas como Luz Haro Guanga y de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (REDLAC), quienes han mantenido viva la lucha y han abierto espacios de incidencia política. “Sin justicia para ellas, no habrá justicia social ni desarrollo sostenible para el país”, añadió.
El paso siguiente será continuar el tratamiento legislativo, donde se espera que la propuesta logre consenso y dé un giro a la visión asistencialista que históricamente ha acompañado a las políticas hacia las mujeres rurales.
Decenio mujer rural
El “Decenio Interamericano por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales de las Américas 2024-2034” es una iniciativa impulsada por la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC) y adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar los derechos de las mujeres rurales, erradicar la discriminación y acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030.
Este período de diez años fomenta la colaboración entre gobiernos y la sociedad civil para implementar políticas y programas que beneficien a las mujeres rurales y les permitan participar plenamente en la vida económica, social y política de sus comunidades
