El Gobierno ha adjudicado directamente el estratégico Campo Sacha a un consorcio chino canadiense, Sinopetrol, sin licitación pública. A cambio de un bono de USD 1.500 millones y promesas de inversión de USD 1.750 millones en 20 años, el consorcio privado recibirá hasta el 87,5% de la producción petrolera.
El argumento oficial es la falta de recursos y el deterioro de la infraestructura de Petroecuador y que sigue siendo del Estado.
Pero esto plantea una pregunta clave: ¿es este un reconocimiento de que Ecuador no puede gestionar su propio petróleo? La entrega de un recurso estratégico a manos extranjeras sin un proceso transparente genera dudas sobre la capacidad y voluntad del Estado para administrar sus bienes.
Más allá de los beneficios económicos inmediatos, esta decisión sienta un precedente peligroso. Si la solución a la crisis es ceder el control de nuestros recursos, ¿qué nos queda realmente como Nación?
