El caso Progen es la oportunidad más acertada para que este gobierno demuestra que se ha alcanzado la madurez política e institucional, tan venida a menos desde años atrás. Este caso debe servir para quitar de raíz una corrupción que ha crecido como maleza en todas las instancias. Pero vuelven las dudas cuando funcionarios invocan el silencio para eludir explicaciones sobre contratos públicos que ellos mismos anunciaron y gestionaron, el país pierde algo más que información: pierde confianza. El país entero merece respuestas reales, no invocaciones al pasado correista, ni culpas ajenas. Fiscalía, Asamblea y Corte deben actuar con el mismo rigor frente a cualquier involucrado, sin distinción de cargo o cercanía al poder de turno. Progen no puede convertirse en arma de desgaste político ni en escudo para nadie. Ni el oficialismo debe blindar a sus funcionarios, ni la oposición debe instrumentalizar el caso para réditos electorales.
